Los dilemas de Iglesia española en 1934

Asturias 1934

La compleja relación entre la iglesia española y revolución en Asturias en 1934, y especialmente las maniqueístas versiones de este singular contacto, es la temática que analiza el siguiente artículo. Su autor, Juan Ignacio Pocorobba, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, expuso este texto en las jornadas académicas dedicadas al 70º aniversario de la revolución de octubre de 1934 en España y que Sitio al Margen presenta en un Dossier. 

:: Introducción ::

Alejandro LerrouxEn la noche del 4 de Octubre de 1934 estalló en Asturias una revolución proletaria impulsada fundamentalmente por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como respuesta al ingreso de tres ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en el gobierno del radical Alejandro Lerroux. Casi en forma simultánea, el comité revolucionario del pueblo minero de Turón, conformado por seis socialistas, seis comunistas y un anarquista, dispuso la detención de los dirigentes de una empresa minera, los tres sacerdotes del pueblo y los católicos más reconocidos. La cuñada de uno de los sacerdotes se dirigió inmediatamente hacia el colegio perteneciente a los Hermanos de La Salle (1) para advertirles acerca del peligro que corrían, justo en el momento en el que los religiosos allí presentes se disponían a celebrar una misa. Poco después, un grupo de mineros armados irrumpió en el establecimiento con el pretexto de buscar las armas que, según ellos, escondían los lasallanos, entre los cuales se encontraba el argentino Héctor Valdivielso Sáez, quien había llegado al pueblo el año anterior para desempeñarse como maestro en el colegio de la Orden. El y sus compañeros fueron detenidos y recluidos en la “Casa del Pueblo” (2) del lugar durante cuatro días, hasta que el comité revolucionario finalmente decidió fusilarlos. Durante los quince días que duró la intentona revolucionaria fueron ejecutados un total de 34 religiosos y sacerdotes y se destruyeron 17 iglesias. El caso de Valdivielso y los hermanos lasallanos adquirió notoriedad a partir de 1990, cuando el papa Juan Pablo II los beatificó. Pero el mayor reconocimiento llegó en Noviembre de 1999, cuando los fusilados de Turón fueron canonizados por el Vaticano, por lo que a partir de ese momento Valdivielso se convirtió en el “primer santo argentino”.

Sacerdote asesinado en Oviedo
El cuerpo de un sacerdote asesinado en las calles de Oviedo durante las violentas jornadas de octubre de 1934. Su cuerpo estuvo expuesto en la calle, donde calló asesinado, durante dos días…

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Los episodios de Turón generalmente han sido interpretados de dos maneras. Por un lado, están aquellos que desde la izquierda justifican los fusilamientos, como un “acto de justicia popular”, ya que la pertenencia de los religiosos a una institución comprometida con el orden social que oprimía a los trabajadores los transformaba en “enemigos de la clase obrera”. Por el otro, desde la derecha y el catolicismo, las ejecuciones son vistas como un “acto criminal” consumado por obreros izquierdistas y ateos contra religiosos indefensos, los cuales quedarían convertidos automáticamente en “mártires caídos en defensa de la cristiandad”. Pese a la profunda simpatía que siento para con los mineros asturianos y su lucha, considero que ninguna de las dos visiones nos permite comprender en forma acabada las causas y el contexto en el cual se produjeron los fusilamientos. Por ello, frente a la disyuntiva entre “crimen” y “justicia popular”, donde no hay debate posible, pues todo se reduce a un recuento y reivindicación de los muertos de ambas partes, he optado por analizar los hechos tomando otro camino que, sin caer en una posición equidistante, me permita rastrear los orígenes de la violencia anticlerical en España y, sobre todo, los factores que se concatenaron para generarla y alimentarla. Con ello, espero que podamos empezar a entender los motivos por los cuales los ataques al clero, alentados y efectuados por amplios sectores de la sociedad española, fueron una constante a lo largo de la casi totalidad del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX.

Hector Valdivielso Saez:: Los orígenes del anticlericalismo en España ::

Los ataques hacia la Iglesia Católica, sus fieles y sus símbolos han sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia contemporánea de España, con algunos momentos especialmente álgidos, como el mes de Julio de 1834, cuando en el marco de la Primera Guerra Carlista, fueron ultimados alrededor de un centenar de clérigos en Madrid después de ser acusados de envenenar las aguas públicas de la ciudad, que en ese momento atravesaba una epidemia de fiebre tifoidea, y la Guerra Civil de 1936-1939, en el transcurso de la cual fueron ejecutados casi 7000 religiosos, la mayoría de ellos durante los primeros meses de la contienda. Entre una fecha y otra, así como antes de 1834, se registraron numerosos hechos de violencia en los que se vieron involucrados miembros de la Iglesia Católica. La repetición de tales episodios harían del anticlericalismo un fenómeno de carácter estructural, que abarcaría prácticamente todo el siglo XIX y se prolongaría hasta bien entrada la tercera década del pasado siglo XX. Algunos de los autores que analizan esta problemática discrepan en torno a la cuestión de si el anticlericalismo constituiría un fenómeno de igual naturaleza durante los cien años que transcurren entre 1830 y 1930. Antonio Montero Moreno opina que el anticlericalismo del siglo pasado tendría su origen en el siglo XIX (3), mientras que W.J. Callahan (4) afirma que sus motivaciones obedecerían en mayor medida a las desigualdades generadas por la aparición de la sociedad industrial. Demetrio Castro Alfín, historiador español especializado en temas de historia de la Iglesia, que tomaremos como principal punto de referencia en las líneas subsiguientes, no se detiene en las diferentes alternativas que genera el citado debate, sino que prefiere destacar la “continuidad a lo largo del tiempo” como el rasgo más sobresaliente del fenómeno del anticlericalismo en España (5). En su opinión, dicha característica convertiría al anticlericalismo en un “rasgo de cultura estable” o “proceder característico de determinados sectores sociales”, lo cual revelaría la presencia de una particular visión del mundo, que actuaría como una especie de usina inspiradora de determinados comportamientos (6). Según el autor, la cultura anticlerical sería resultado de una acción de carácter “doble” y “circular” al mismo tiempo (7). En este marco, las actitudes y puntos de vista que surgen en el seno de los sectores populares inspirarían a su vez una serie de argumentaciones elaboradas por intelectuales y propagandistas, quienes lejos de desempeñar un papel pasivo, contribuirían a reforzar las actitudes anticlericales presentes en la mentalidad popular (8).

Catedral de OviedoLa identificación de los orígenes de la cultura anticlerical en España no constituye un tema menor, pues de ello depende la caracterización que se realice sobre el fenómeno del anticlericalismo, sobre todo a la hora de marcar las diferencias entre lo que Castro Alfín denomina “anticlericalismo tradicional” y “anticlericalismo político”. Según el autor, la cultura anticlerical se remontaría a la Baja Edad Media, donde ya se podrían encontrar las primeras manifestaciones de animosidad contra el personal eclesiástico, como sería una obra literaria denominada “Debate entre Elena y María”, donde se contraponen claramente la figura del caballero (bellator), sometido a los riesgos que implicaba su actividad guerrera, la cual estaba lejos de resolver sus penurias económicas; con la del cura (orator), quien llevaba una vida relativamente apacible y tranquila en medio de la abundancia de bienes materiales, pero todo ello sin realizar ninguna actividad productiva. Este no sería el único ejemplo de la presencia de la cultura anticlerical en la literatura española. Basta con prestarle atención a las obras de Cervantes, en las que, amén de su adhesión al erasmismo (9), se registran un buen número de sarcasmos y sentencias en contra de la investidura de curas y frailes muy arraigadas en el acervo popular. Si seguimos avanzando en el tiempo y nos adentramos aún más en la Edad Moderna, vemos como el anticlericalismo persistía y era alimentado en forma constante por una multiplicidad de factores que se combinaban para avivar la inquina hacia el estamento clerical. Por empezar, las diferentes órdenes religiosas eran grandes propietarias de tierras, lo cual las convertía en el blanco del odio de los campesinos cuando tenían lugar conflictos en torno al precio de los arrendamientos. En los centros urbanos, existía un buen número de curas que, aprovechando los fueros que le garantizaba su condición, vivían de la limosna y, en algunos casos, se dedicaban a actividades delictivas, con lo que se alimentaba una imagen de “cura vividor” que subsistía por medio de conductas non sanctas. La opulencia y el lujo de muchas catedrales y monasterios en el medio de una gran cantidad de personas que se encontraban sumidas en la miseria, así como la vida mundana que llevaban muchos sacerdotes, también generaban resentimiento entre la población. En las parroquias más pobres el panorama no era mucho mejor, ya que los clérigos ejercían una presión constante sobre los labradores por el pago puntual de los diezmos, sin tener en cuenta los vaivenes a los que estaba sometida la producción agrícola.

Todo este cúmulo de factores que venimos citando hasta el momento contribuían en mayor o menor medida a deteriorar la imagen de los religiosos ante la población. Sin embargo, una de las faltas que tenía un mayor número de denuncias e irritaba a los fieles más que ninguna otra era el “acoso sexual” al que algunos curas sometían a las penitentes durante el acto de confesión. Este delito, bastante difícil de comprobar debido a la obvia ausencia de terceros, solía provocar riñas y entredichos entre los maridos afectados y los clérigos sospechados. Igualmente, más allá de los incidentes que se producían entre fieles y religiosos a nivel cotidiano en una aldea o en un pueblo, el mayor peligro para la Iglesia era que las dudas en torno a la moral de muchos sacerdotes minaban lentamente las bases de su legitimidad como institución, puesto que además de la condena ética que de por sí merecían este tipo de conductas, tenía lugar una grave contradicción entre la prédica oficial, de la que se derivaban toda una serie de preceptos rigurosos cuyo cumplimiento se exigía permanentemente a la masa de fieles, y el comportamiento de sus representantes.

Camara Santa de la Catedral de OviedoAún hay otro flanco por donde la Iglesia recibía numerosos ataques, y éste era el de la relación bastante conflictiva que mantenía con los dos principios más caros al Iluminismo en boga; la razón y el progreso. En este caso, ya no se producía un “ida y vuelta” entre la mentalidad popular y los intelectuales, sino que las acusaciones contra el clero eran efectuadas solamente por los últimos. El racionalismo inculpaba a la Iglesia de obstaculizar el avance del conocimiento y de sostener principios anacrónicos y falaces cuyo fin último era la preservación del oscurantismo, como una forma de asegurar sus privilegios. Sin embargo, para el caso de España, Castro Alfín opina que éstos argumentos podrían ser matizados si se tomara en cuenta el hecho de que hasta las primeras décadas del siglo XX el cura era “casi el único símbolo de cultura” en las regiones rurales, donde el analfabetismo era moneda corriente (10). Basta con citar que uno de los rasgos que diferenciaban a los clérigos, además de su indumentaria y el celibato, era su dominio de la escritura y la lectura. Pese a ello, los detractores del clero lograron transmitir sus argumentos contra la autoridad intelectual de la Iglesia a vastos sectores de la población gracias, en gran medida, a que la ciencia y el saber fueron adquiriendo una especie de “carácter taumatúrgico”, en virtud del cual se les asignaba la capacidad de resolver cualquier tipo de problemática social en forma satisfactoria (11). La actividad de los publicistas y pensadores de la Ilustración contribuyó a acrecentar la hostilidad popular hacia los religiosos, pero con una particularidad, que comenzaría a dividir las aguas entre aquello que hasta el siglo XIX se define como anticlericalismo popular o tradicional, en el que los conflictos entre el personal eclesiástico y los fieles se desarrollaba en una escala local y los episodios de violencia tomaban la forma de venganzas personales, sin que se llegara a cuestionar la fe y la religión en sí mismas; y aquello que Castro Alfín denomina anticlericalismo moderno o político. Este último tendría un carácter específicamente político y actuaría como un elemento movilizador de grandes masas. Aquí ya no se atacaba al cura por las faltas morales que podía llegar a cometer sino por su condición misma de religioso, como representante de un orden político y social al que se pretendía poner fin.

:: El anticlericalismo moderno: “todos los caminos conducen a la Guerra Civil…” ::

Semana Tragica en Barcelona (1909)La transformación del viejo anticlericalismo tradicional de raigambre popular en anticlericalismo moderno, entendido éste como recurso movilizador y generador de una identidad política colectiva, se remontaría a la crisis política del Antiguo Régimen, más precisamente a la segunda década del siglo XIX, cuando en España comienza a desarrollarse la pugna entre dos proyectos políticos antagónicos: el del absolutismo monárquico y el del liberalismo. En 1814, Fernando VII regresa al trono y paralelamente se produce el desmantelamiento del régimen constitucional de signo liberal surgido de las Cortes de Cádiz. Frente a estos acontecimientos, la mayor parte del clero se pone del lado del viejo orden, fomentando la persecución de los liberales y lanzándose a la recuperación de sus prerrogativas perdidas, tales como el restablecimiento de la Inquisición o la exigencia del pago puntual del diezmo. Con estas actitudes, además de reposicionarse en un lugar prominente dentro del nuevo esquema de poder y convertirse en la más celosa defensora del absolutismo, la Iglesia también se ganó un enemigo acérrimo: el liberalismo. Muy pronto, en ambos bandos fue ganando terreno la idea de que la única solución posible para el conflicto radicaba en la eliminación física del adversario. Así, las persecuciones de los liberales y los levantamientos armados realistas, que contaron con la activa participación de miembros del clero, tuvieron como contrapartida la difusión de proclamas en favor del “exterminio de curas” que se materializaron en el bienio de 1822-23, cuando tuvo lugar una ola de asesinatos y agresiones contra el personal eclesiástico que, en opinión de Castro Alfín, constituiría la “primera oleada de crímenes anticlericales de la historia de España” (12). A partir de esta época, las fuerzas conservadoras se alinearon en torno a la Iglesia Católica, mientras que el anticlericalismo se fue transformando definitivamente en uno de los componentes principales del ideario político liberal, que luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y el movimiento obrero. Como ya lo anticipamos en párrafos anteriores, esta nueva forma de anticlericalismo, si bien conservaba algunos elementos del tradicional, se expresaba en términos más políticos y actuaba como catalizadora de la acción de masas. Los ataques personales hacia miembros del clero se fueron transformando en actos de violencia colectivos que se justificaban por la condición misma de los afectados. En opinión de Castro Alfín, sería justamente este rasgo, la “violencia sacrofóbica colectiva como algo usual y conveniente”, el que marcaría la ruptura entre el anticlericalismo popular y el nuevo anticlericalismo político (13).

La violencia anticlerical se prolongó a lo largo del resto del siglo XIX y el primer tercio del XX en forma espasmódica, con períodos de especial virulencia, como fueron las tres Guerras Carlistas o la Semana Trágica de Barcelona en 1909, hasta alcanzar su clímax en los primeros meses de la Guerra Civil. Otro de los hitos en esta larga cadena de acontecimientos lo constituiría justamente la revolución de Asturias en 1934, en el transcurso de la cual, como vimos anteriormente, fueron fusilados Héctor Valdivielso y otros 33 religiosos. Para empezar a desilvanar la trama de factores que pueden haber conducido a que los comités obreros de la región tomaran medidas tan drásticas se hace necesario analizar primeramente la posición adoptada por la Iglesia española frente a la Segunda República y los problemas más acuciantes que la misma debió abordar, con el objeto de intentar desentrañar cuál podía ser el estado de ánimo reinante entre los protagonistas del hecho.

:: La Iglesia frente a la Segunda República ::

Indalecio PrietoEl resentimiento entre la Iglesia española y los liberales, surgido a principios del siglo XIX, fue heredado tanto por los religiosos como por las distintas variantes de la izquierda, socialista y anarcosindicalista, las que fueron ganando poco a poco la adhesión de un gran número de obreros y campesinos españoles, quienes dividieron sus simpatías entre la UGT (Unión General de Trabajadores), central sindical patrocinada por los primeros, y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), de filiación anarquista. En repetidas oportunidades, el clero intentó aumentar su influencia sobre el movimiento obrero con resultados muy poco satisfactorios en la mayoría de los casos. Los sindicatos católicos tan sólo pudieron hacer pie entre los pequeños propietarios rurales de la meseta castellana y algunos núcleos obreros del País Vasco. Pero más allá de las disputas entre la Iglesia y las corrientes de izquierda por el control del movimiento obrero, lo cierto es que los reclamos de los trabajadores urbanos y rurales fueron constantemente desoídos por los sucesivos gobiernos constitucionales y por la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (p). Como una consecuencia lógica de ello, las condiciones de vida de la clase trabajadora española se mantuvieron en niveles paupérrimos, lo cual aumentó el resentimiento de la misma contra todas aquellas instituciones y partidos políticos que representaban al orden social vigente.

La instauración de la República en Abril de 1931 despertó las esperanzas de una buena parte de los sectores asalariados, quienes pensaron que había llegado por fin la hora de satisfacer sus demandas. Sólo los anarquistas y algunos núcleos marxistas minoritarios como el entonces casi inexistente Partido Comunista Español (PCE) mantuvieron su intransigencia y denegaron su apoyo a la coalición formada por republicanos de izquierda y socialistas, que a partir de la dimisión del republicano de derecha Niceto Alcalá Zamora en Octubre de 1931 se hizo con el poder. El nuevo gobierno, presidido por el republicano de izquierda Manual Azaña, tenía una tarea harto difícil por delante, que era la de cumplir con las enormes expectativas generadas por el cambio de régimen, no sólo entre las capas medias de la población, sino también entre los trabajadores. El panorama se tornó muy complicado ya desde los primeros meses de gestión, puesto que a las contradicciones existentes en el bloque social que sustentaba al nuevo gobierno, básicamente entre los sectores más moderados, representados por los republicanos de izquierda y los seguidores de Indalecio Prieto en el PSOE, y aquellos pertenecientes al ala más radical del último, acaudillados por Francisco Largo Caballero, que se hacían fuertes en la UGT y planteaban la necesidad de acelerar los cambios; se le sumó el accionar de las derechas nucleadas en torno a la CEDA, partido estrechamente ligado al clero y que desde un principio se opuso sistemáticamente a todas las iniciativas impulsadas por la coalición gobernante.

Cardenal Pedro SeguraLa reacción de la Iglesia ante la llegada de la República puede medirse en tres niveles: el Vaticano, la jerarquía española y los fieles. La Santa Sede, a través del nuncio apostólico Federico Tedeschini y el presidente en funciones de la jerarquía española, cardenal Francisco de Asís Vidal i Barraquer, adoptó una actitud bastante conciliadora, intentando llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno en las mejores condiciones posibles. Incluso llegó a realizar algunas concesiones como fue la presión ejercida sobre el cardenal primado de España, el recalcitrante monárquico Pedro Segura, para finalmente forzar su renuncia. Sin embargo, la moderación del Vaticano no podía durar mucho tiempo si tenemos en cuenta que el objetivo primordial de republicanos y socialistas en materia de política religiosa era acabar paulatinamente con la influencia de la Iglesia en el área educativa, aspiración que finalmente se plasmó en el artículo 26 de la nueva Constitución y en la legislación subsiguiente, donde se establecieron, entre otras cosas, la separación entre la Iglesia y el Estado, con el consiguiente recorte de la subvención estatal al clero, la adopción del matrimonio civil y la reducción del control ejercido por las órdenes religiosas sobre la educación (14).

Francisco de Asis Vidal i BarraquerLa jerarquía se dividió entre aquellos que prefirieron realizar declaraciones más bien sobrias y apolíticas sobre la necesidad de respetar la legalidad republicana y quienes, como el caso del citado Segura o el futuro arzobispo de Toledo, Isidro Gomá y Tomás, se manifestaron abiertamente en contra de la República. Si se comparan estas actitudes con el marcado entusiasmo demostrado por la casi totalidad de la jerarquía en ocasión del golpe de Primo de Rivera (p) en 1923, podemos inferir que la relación Iglesia-República estuvo marcada desde un primer momento por una mutua desconfianza, máxime si tenemos en cuenta la aversión que la mayoría de los católicos españoles sentían hacia las ideas liberales y socialistas, sentimiento que también era correspondido por muchos de los partidarios de las últimas. Por ello, entre los fieles cundía también una sensación de alerta y temor con respecto a la suerte que podían correr la Iglesia y ellos mismos bajo el sistema republicano. La pasividad demostrada por una vasta mayoría de ellos durante la dictadura primorriverista, denunciada oportunamente por el canónigo Maximiliano Arboleya Martínez, quien se lamentaba por la negativa de los católicos a movilizarse en pos de una reforma política y social profunda (15), se transformó muy pronto en un compromiso militante en defensa de “su” España.

Isidro Goma y TomasLa quema de conventos en Mayo de 1931, tan sólo un mes después de la caída de la monarquía, no hizo más que confirmar las reservas que la mayoría de la grey católica española sentía hacia el nuevo sistema de gobierno. Igualmente, la iniciativa de la coalición republicano-socialista que más irritó al clero y a los fieles fue la ya citada legislación laicista, destinada a terminar de una vez por todas con los privilegios históricos de la Iglesia. Desde ese momento, la defensa de la “Iglesia perseguida” pasó a ser el “caballito de batalla” de la derecha (16). Sin embargo, esta situación encerraba una paradoja, puesto que la derecha, al mismo tiempo que machacaba con su propaganda sobre la “persecución”, evitaba sus consecuencias, ya que como señala Raymond Carr, “la legislación contra las escuelas de las órdenes regulares se evadió mediante subterfugios: la formación de sociedades limitadas que dirigían escuelas con personal religioso vestido de paisano, mientras que el Estado, con sus raquíticos recursos, no podía ofrecer otras alternativas” (17).

Además de todos los cortocircuitos que tuvieron lugar entre la coalición republicano-socialista y los representantes políticos de la Iglesia en torno a la legislación impulsada por la primera en materia religiosa y educativa, hubieron también una serie de problemas no específicamente religiosos que avivaron los conflictos entre ambos. Estamos haciendo alusión a dos de las aspiraciones más fuertes asociadas a la llegada de la República, como eran la democratización de la sociedad española y la puesta en práctica de profundas reformas sociales, y que por ello constituyen una especie de prisma a través del cual es posible analizar las actitudes y los alineamientos de la Iglesia.

:: Iglesia y Democracia: entre el “accidentalismo” y la hostilidad manifiesta ::

Jose Maria Gil RoblesLa Iglesia Católica, como vimos anteriormente, constituyó uno de los puntos de apoyo más fuertes con el que históricamente contó la monarquía española, fundamentalmente cuando ésta comenzó a verse amenazada por el avance de las ideas liberales desde principios del siglo XIX. Sin embargo, ante la decadencia cada vez más profunda en la que se sumía la institución monárquica, sobre todo a partir de los primeros decenios del pasado siglo XX, la jerarquía eclesiástica y los políticos más cercanos a la Iglesia comenzaron lentamente a cambiar su posición, puesto que de lo contrario, preveían que la misma podría verse arrastrada por la crisis que amenazaba con terminar con su histórica aliada. Las circunstancias llevaron a que algunos sectores de la jerarquía, junto a sus aliados políticos, adoptaran una estrategia ideada por el papa León XIII hacia finales del siglo XIX que se denominó “accidentalismo”. En virtud de la misma, la Iglesia abandonaba a la monarquía a su suerte y pasaba a priorizar exclusivamente la defensa de sus intereses, sin importarle el sistema político de turno. Por ello, es comprensible que ni el Vaticano ni el grueso de la jerarquía española condenaran abiertamente la instauración de la República, si bien la llegada de la misma les despertaba muchos temores y reservas. La Iglesia seguía desconfiando profundamente de las democracias parlamentarias, pero frente a la bancarrota de muchas monarquías no le quedaba otro camino que aceptar de manera formal el sistema republicano y participar en el juego democrático, con el objetivo de resguardar sus privilegios como institución. Un buen ejemplo de la nueva estrategia lo constituirían el programa y la propaganda del partido político que bajo la Segunda República expresaba mayormente las aspiraciones del clero: la CEDA (18).

Desde un primer momento, como afirma Lannon, la CEDA “mantuvo una relación ambigua con el compromiso democrático” (19). Su programa ponía el acento sobre la defensa de la religión, el orden y la familia, y al mismo tiempo alertaba sobre los peligros que suponían el avance de las tendencias políticas tanto republicanas como de izquierdas para todos aquellos principios. Por esta razón, Lannon sostiene que la CEDA constituía más un “movimiento antirrevolucionario de defensa social” que un “partido político” (20). La CEDA acataba el régimen republicano y su nueva constitución en tanto y en cuanto éstos no se revelaran contrarios a los intereses de la Iglesia Católica. El parlamento y las demás instituciones republicanas no gozaban de la simpatía ni de la lealtad de los miembros de la CEDA, para los cuáles tenían un carácter meramente “instrumental”, constituyendo una especie de “campo de batalla elegido por el enemigo” donde ellos se veían obligados a proteger sus prerrogativas. No es de extrañar entonces que en el seno de la CEDA se desarrollasen tendencias antidemocráticas que llegaban a cuestionar la autoridad del líder y mentor del partido, el abogado salmantino José María Gil Robles, cuyo “accidentalismo” era visto por muchos católicos como un “titubeo peligroso que podía debilitar la capacidad de la derecha para combatir a la República” (21).

Pedro Sainz RodriguezEn Navarra, los carlistas comenzaron a formar y entrenar partidas armadas con vistas a un eventual levantamiento contra la República. Fueron muchos los curas que participaron activamente en la organización de las mismas. Es bien conocida la reunión que mantuvieron en Italia en el mes de Marzo de 1934 los representantes tradicionalistas y los de la agrupación monárquica Renovación Española (RE) con Benito Mussolini, en la cual obtuvieron la promesa de armas y dinero por parte del dictador italiano para el alzamiento proyectado (22). Según Lannon, RE mantuvo un contacto permanente con el Vaticano entre 1933 y 1936 a través de Pedro Sainz Rodríguez, quien en sus reuniones con el entonces secretario de estado y futuro papa, Eugenio Pacelli, criticaba duramente la política cautelosa de la Santa Sede y de Gil Robles (23).

Es preciso destacar que dentro del catolicismo español existían sectores muy minoritarios a los que se podría calificar como “auténticamente democráticos”. Estamos hablando de políticos de renombre como el citado Alcalá Zamora, Miguel Maura o Angel Ossorio y Gallardo, quienes al carecer de un partido que secundara sus aspiraciones, nunca pudieron salir del aislamiento al que los condenó la derecha católica, la cual nunca perdonó gestos tales como el del último, quien condenó abiertamente a la dictadura de Primo de Rivera (p) cuando el grueso de los católicos españoles se alineaban con la misma. También había grupos regionales católicos que podían presentar credenciales democráticas como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) de José Antonio Aguirre o la DRV (Derecha Regional Valenciana) de Luis Lucía, pero su prédica autonomista les hacía perder atractivo fuera de su región. Por lo tanto, tenemos un panorama en el cual la mayor parte del catolicismo español se mostraba cuanto menos reticente a aceptar el sistema republicano, pero sobre todo sentía verdadero terror ante las consecuencias sociales que podía acarrear la continuidad de la Segunda República. Estamos hablando de las reformas sociales impulsadas por la coalición republicano – socialista destinadas a mejorar la situación de los trabajadores rurales y urbanos españoles.

:: Iglesia y reformas sociales: el catolicismo español en la encrucijada ::

Manuel AzañaMás allá de todos los graves conflictos que podía provocar la legislación laicista del gobierno de Azaña, el problema más acuciante para la Segunda República era la denominada “cuestión social”. La mayor parte de los obreros y campesinos españoles vivían en una situación de extrema pobreza. Las desigualdades entre las clases propietarias y el proletariado urbano-rural eran muy marcadas, sobre todo en el campo. En un país tan atrasado como España, donde más de la mitad de la población residía en zonas rurales, existían alrededor de dos millones de personas que laboraban la tierra, pero apenas diez mil familias poseían la mitad de la tierra cultivable. La provincia de Badajoz constituye uno de los casos paradigmáticos de esta tendencia, pues allí, el 32% de las tierras era propiedad de unas 150 familias. En contraste, las condiciones de vida del millón de jornaleros sin tierras que habitaban el suelo español eran deplorables, especialmente la de aquellos que trabajaban en los grandes latifundios andaluces, cuyos salarios eran paupérrimos y debían pasar varios meses en paro forzoso, por lo que Carr sostiene que por aquella época constituían “la clase más miserable de Europa” (24). La situación en los grandes establecimientos fabriles, concentrados sobre todo en Barcelona y las provincias vascas, no era mucho mejor, pues el índice de desempleo también era muy alto en el sector industrial. El historiador español Manuel Tuñón de Lara afirma al respecto que el “paro forzoso o desempleo” constituye el “problema clave” para analizar la economía y la sociedad española durante los años ‘30 (25). Máxime si tenemos en cuenta que el desempleo afectó especialmente a dos sectores como la agricultura y la construcción que ocupaban a un gran porcentaje de la población activa española.

Pues bien, la coalición republicano-socialista, consciente de la extrema gravedad que revestía esta situación, puso en marcha un proyecto de reforma agraria en Septiembre de 1932, con el que esperaba lograr una distribución más equitativa de la tierra y, en forma paralela, adoptó una serie de medidas destinadas a mejorar paulatinamente la situación de los trabajadores del campo y las ciudades. La Ley de Reforma Agraria confiscaba sin indemnización las propiedades rústicas de los llamados “Grandes de España” y preveía también la expropiación, en este caso con indemnización incluida, de otras tierras y fincas incultas de más de una cierta extensión para distribuirlas entre colonos agrícolas. Pronto surgieron desavenencias entre los republicanos burgueses, de extracción mayoritariamente urbana y pequeño burguesa, quienes se recostaban sobre los campesinos propietarios, de los cuales esperaban que constituyeran la base social de la República en el campo, y los socialistas, que se encontraban más vinculados a los jornaleros por medio de la sección obrera de la UGT en el campo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) (26). A ello se le debe sumar el hecho de que la carencia de recursos financieros del estado español dificultaba la política de indemnizaciones prevista en el proyecto original. Sin embargo, y pese a todas las dificultades que se sucedieron en el transcurso de su aplicación, la reforma agraria de la Segunda República, según las cifras oficiales aportadas por el Instituto de Reforma Agraria, logró la expropiación de alrededor de un millón de hectáreas hasta Julio de 1936 (27).

Violencia revolucionaria en CataluñaEn materia laboral, el Ministerio de Trabajo dirigido por Largo Caballero dispuso la creación del denominado sistema de jurados mixtos, comisiones formadas por empresarios, trabajadores y representantes oficiales. Los jurados mixtos, gracias al frecuente apoyo que los representantes de la cartera de trabajo le daban a los sindicalistas, propiciaron una serie de concesiones para los trabajadores como el establecimiento de vacaciones de siete días al año retribuidas o la eliminación en muchos casos del trabajo a destajo (28). En las minas se obligó a las empresas a establecer una serie de medidas de seguridad, mientras que en la industria metalúrgica se establecieron normas sobre servicios de higiene e instalación de botiquines de emergencia (29). También se promulgaron leyes sobre accidentes de trabajo tanto para el sector agrícola como para el industrial y se hizo obligatorio el seguro de maternidad (30). El análisis de las políticas sociales impulsadas por el primer gobierno republicano, sus límites y su impacto en el conjunto de la sociedad española, constituyen un problema por demás complejo sobre el que existe una abundante producción historiográfica. Nuestra intención aquí es tomar una de sus aristas, como es la actitud tomada por la Iglesia y sus representantes políticos frente a las reformas sociales que los socialistas sobre todo, y los republicanos de izquierda en menor medida, impulsaron mientras estuvieron en el poder.

La “cuestión social” les planteó un dilema a los católicos españoles tanto antes como durante la Segunda República, el cual, según Lannon, podría condensarse en un interrogante tan simple como directo que sería “hasta que punto estaban dispuestos los católicos a identificar el orden social con la propiedad establecida” (31). Si bien nos parece correcto el planteo de la investigadora inglesa, pensamos que, en el punto de inflexión que significó la llegada de la República en 1931, la pregunta bien podría plantearse en términos aún más crudos, es decir: ¿estaba dispuesta la Iglesia a sacrificar aunque más no sea una parte de sus privilegios, así como los de sus aliados de las clases dominantes, en pos de un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores rurales y urbanos?. Es decir, la Iglesia se encontraba frente a una encrucijada, ya que o bien podía mantener su histórica alianza con las clases dominantes y con ello conservar sus privilegios o, en caso contrario, dar un paso más riesgoso y apoyar las demandas más urgentes de gran parte de la clase trabajadora. Como veremos en las líneas subsiguientes, el grueso de los católicos españoles se inclinó por la primera opción, lo cual contribuyó a avivar la inquina que una buena porción de los trabajadores españoles sentían hacia la Iglesia y sus representantes. Para ejemplificar esta situación tomaremos el caso de los jornaleros de la España meridional y su lucha contra el latifundio, ya que allí podremos tener una idea mucho más palpable sobre la actitud asumida por el grueso de la Iglesia frente a los conflictos de clase.

El problema del campo español por antonomasia era el latifundismo, sobre todo en la zona central y meridional del país. La situación de los braceros sin tierras de Andalucía y Extremadura al llegar la República era más que desesperante. Los jornaleros trabajaban de sol a sol a cambio de salarios miserables durante los pocos meses que duraba la cosecha, quedando desocupados por el resto año, situación que los condenaba a emigrar o a vivir del robo, la recolección de frutos caídos cuando los propietarios se lo permitían, o de la limosna. La clase terrateniente no sólo hacía oídos sordos a los reclamos de los jornaleros, sino que utilizaba a la Guardia Civil y a los caciques locales con sus bandas armadas para reprimir las huelgas. En algunas ocasiones, directamente intervenía el ejército, como en Noviembre de 1930 en el pueblo de Antequera, ubicado en la provincia de Málaga, cuando alrededor de 1800 trabajadores ocuparon el Ayuntamiento por espacio de dos semanas (32).

Francisco Largo CaballeroEn la primavera de 1931, Largo Caballero impulsó desde el Ministerio de Trabajo una serie de medidas cuyo objetivo no era otro que aliviar la miseria más inmediata de los braceros. La primera de ellas, y que generó mayor repulsa entre los grandes propietarios, fue la sanción de la ley de términos municipales, la cual impedía la contratación de mano de obra de fuera del municipio cuando en el mismo había obreros desempleados, con lo que se privaba a los terratenientes de su principal arma represiva, que era la contratación de mano de obra barata “amarilla” para romper las huelgas y mantener los salarios en un nivel paupérrimo (33). La otra medida más importante sancionada a instancias del líder de la UGT fue la creación de los comités de arbitraje, mecanismo de defensa de los trabajadores en los cuales éstos tenían derecho a discutir con sus patronos las condiciones de trabajo y los salarios. Una de las mayores conquistas que lograron los braceros a través de este sistema fue el establecimiento de la jornada de 8 horas, que no sólo acababa con el trabajo de jornada completa, sino que obligaba a los propietarios a pagar horas extras o contratar más trabajadores para realizar la misma tarea (34).

La legislación en favor de los braceros, como es lógico, se ganó muy pronto la feroz oposición de los grandes terratenientes, pero también la de los medianos y pequeños propietarios, quienes no estaban dispuestos tolerar el incremento de los costos laborales que lógicamente acarrearían los aumentos en los jornales dispuestos por el gobierno. Durante este período se formaron o revitalizaron varias organizaciones patronales como la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas o la Confederación Española Patronal Agraria para coordinar el sabotaje contra las medidas oficiales. En muchas oportunidades, los terratenientes se confabularon para no levantar las cosechas, no pagaron salarios, utilizaron maquinaria para ahorrase los costos de mano de obra y no respetaron la jornada de 8 horas. Cuando los jornaleros se quejaban o recurrían a la huelga, los propietarios les respondían con represión y el slogan ¡comed República!.

CEDALa organización que canalizó mayormente el descontento patronal fue la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA), organización gremial creada por el periodista católico Angel Herrera y su Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) durante el segundo decenio del pasado siglo XX. La CNCA surgió como un intento de evitar que las izquierdas pudieran hacer pie en las zonas rurales. Su mayor y único éxito tuvo lugar entre los pequeños propietarios de Castilla-León, gracias a la concesión de créditos relativamente accesibles y la organización de cooperativas, a las cuales se les facilitaron almacenes y maquinaria. Sin embargo, la situación en el sur era muy distinta, ya que apoyar los reclamos de los braceros sobre la posesión de la tierra hubiera significado un cuestionamiento directo de la estructura de la propiedad agraria, con lo que la CNCA se habría puesto en contra de los grandes latifundistas, muchos de los cuales eran miembros de la organización. Por lo tanto, las campañas propagandísticas que la CNCA lanzó en territorio andaluz en el invierno de 1919 durante el “trienio bolchevique” (35), que condenaban el “egoísmo” de los grandes terratenientes, fueron oportunamente olvidadas para pasar a una estrategia de defensa cerrada de la propiedad privada. En 1928, cuando el mismísimo dictador Primo de Rivera (p) intentó propiciar la participación de los trabajadores en los comités paritarios, la CNCA obstaculizó la iniciativa. Los diputados parlamentarios de la CNCA se opusieron firmemente a la reforma agraria de 1932 y realizaron toda una serie de maniobras que terminaron por mutilarla. Esta actitud de los representantes políticos de la Iglesia envalentonó a los terratenientes, quienes apoyados por las fuerzas de seguridad locales adoptaron una actitud netamente provocadora, negándose a pagar jornales y generando incidentes entre los trabajadores y la Guardia Civil (36). La intransigencia mostrada por la CNCA no dejaba espacio ni siquiera para católicos reformistas como Antonio Giménez Fernández, ministro de agricultura del gobierno radical-cedista, quien en Diciembre de 1934 intentó llevar adelante un tibio proyecto de ley en favor de los yunteros (37) extremeños (38) que no sólo fue boicoteado por los diputados de la CEDA, sino que le valió el calificativo de “bolchevique blanco” por parte de sus correligionarios…

En el terreno de las relaciones industriales, la intervención de la Iglesia siguió pautas similares a su actuación en el sector agrario. El papel del catolicismo español en la problemática obrera se puede analizar desde dos planos. Uno es el del discurso, en el cual tenemos un reclamo permanente de los representantes católicos en pos de “salarios justos” que permitieran la manutención del trabajador y su familia. Sin embargo, la práctica concreta de los sindicatos de filiación católica no guardaba coherencia con el principio enunciado en las cartas pastorales y congresos católicos. El sindicalismo católico se constituyó desde un primer momento como una fuerza social cuya finalidad primordial era la de poner un freno al avance del socialismo en el seno de las masas trabajadoras. Frecuentemente ejercían el papel de rompehuelgas y bloqueaban cualquier iniciativa de los obreros que fuera en contra de la idea de orden y propiedad (39). La estrecha colaboración de los sindicalistas católicos con la patronal generó el rechazo de la mayor parte de los obreros españoles, quienes se inclinaron por las corrientes socialistas y anarcosindicalistas, mucho más comprometidas con la defensa de sus intereses de clase. El sindicalismo católico solamente tuvo peso en el País Vasco, con la Solidaridad de Obreros Vascos (SOV) ligada al Partido Nacionalista Vasco (PNV) o en la zona de Castilla-León, donde existían una serie de organizaciones gremiales ligadas a la Iglesia que en Octubre de 1934, como reacción a la rebelión de los mineros asturianos, crearon un comité de enlace junto a otros sindicatos no marxistas del resto de España, que culminó con la formación del denominado Frente Nacional del Trabajo (FNT) el 21 de ese mes (40). No obstante ello, el sindicalismo católico siempre fue minoritario a nivel nacional frente a las centrales socialista y anarquista, quienes al asumir en forma mucho más consecuente la defensa de las aspiraciones de los asalariados, lograron sumar entre ambas la adhesión de casi dos millones de trabajadores.

:: Conclusiones ::

Buenaventura DurrutiLa actitud claramente pro patronal de la mayor parte del catolicismo español generó mucho resentimiento entre una buena parte de la clase trabajadora. A lo largo del primer tercio del pasado siglo XX, la brecha existente entre el clero y los trabajadores españoles se fue ahondando cada vez más. La Iglesia, salvo en casos excepcionales, no realizó esfuerzos sinceros por acercarse a la clase trabajadora. Sus compromisos económicos y políticos con los sectores dominantes eran mucho más fuertes que su sensibilidad social (41). Esa actitud pronto fue tomando la forma de actos de violencia por parte de los obreros contra los miembros del clero, a quienes veían como potenciales enemigos. Ya en la Semana Trágica de Barcelona en 1909 fueron incendiados algunos templos en las barriadas obreras. Tenemos el caso del cardenal arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila, quien patrocinaba a los “pistoleros” de su ciudad encargados de hostigar a los obreros huelguistas y fue ultimado por tres anarquistas en Junio de 1923, entre los que se encontraba Buenaventura Durruti, futuro dirigente de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) (42). No debemos olvidarnos tampoco de la quema de iglesias y conventos en Madrid en el mes de Mayo de 1931, unas semanas después de la proclamación de la Segunda República (43). En este sentido, los fusilamientos de religiosos en Turón durante la Revolución de Asturias no serían más que un eslabón en la larga cadena de actos de violencia anticlerical que, en buena medida, fueron estimulados por la actitud hostil o indiferente de la mayor parte de la Iglesia frente a la lucha de los trabajadores españoles por mejorar sus condiciones de vida.

:: Referencias ::

(1) La orden fue fundada por San Juan Bautista de La Salle (1651-1719) y está integrada por laicos consagrados – no son sacerdotes- que han hecho votos de castidad, obediencia y pobreza pero no suministran los sacramentos.
(2) Denominación que se le daba a los locales partidarios del PSOE.
(3) Montero Moreno, Antonio: Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939. Madrid, BAC, 1961, p. 2
(4) Callahan, W. J.: Iglesia, poder y sociedad en España (1750-1874). Madrid, Nerea, 1989, p. 134.
(5) Castro Alfín, Demetrio: “Cultura, política y cultura política en la violencia anticlerical”, en Cruz, Rafael; Pérez Ledesma, Manuel (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, Alianza Editorial, Madrid, 1997, cap. III, p. 70.
(6) Ibidem, p. 70.
(7) Ibidem, p. 72.
(8) Castro Alfín apela a los planteos de George Rudé sobre la forma en la que se puede reconstruir los diferentes elementos que se combinan en la conformación de la “ideología popular”, sobre todo, claro está, en relación con su variante anticlerical. Así planteadas las cosas, tendríamos dos componentes dentro de la misma como sería, por un lado, su carácter inherente, que se expresaría en la experiencia directa y las tradiciones orales de los sectores populares, mientras que el otro sería el carácter derivado, el cual se manifestaría en un sistema más estructurado de ideas políticas y religiosas. Rudé, George. Revuelta popular y conciencia de clase. Barcelona, Crítica, 1981, pp. 45-46.
(9) Castro Alfín, op. cit., p. 74.
(10) Ibidem, p. 79.
(11) Ibidem, p. 80.
(12) Ibidem, p. 85.
(13) Ibidem, p. 87.
(14) Carr, Raymond: La tragedia española. Alianza Editorial, Madrid, 1986, p. 55.
(15) Lannon, Frances: “La cruzada de la Iglesia contra la República”, en: Preston, Paul (comp.); Revolución y guerra en España 1931-1939, Alianza Editorial, Madrid, 1986, cap. II, p. 43.
(16) Carr, op. cit., p. 55.
(17) Ibidem, p. 55.
(18) Lannon, op. cit., p. 43.
(19) Ibidem, p. 44.
(20) Ibidem, p. 44.
(21) Ibidem, p. 45.
(22) Coverdale, John: La intervención fascista en la Guerra Civil Española. Alianza Universidad, Madrid, 1979, pp. 70-72.
(23) Lannon, op. cit., pp. 45/46.
(24) Carr, op. cit., p. 18.
(25) Tuñón de Lara, Manuel: El movimiento obrero en la historia de España (II). SARPE, Madrid, 1985, p. 234.
(26) Carr, op. cit., p. 50.
(27) Tuñón de Lara, op. cit., p. 288.
(28) Ibidem, pp. 297-298.
(29) Ibidem, p. 298.
(30) Ibidem, p. 298.
(31) Lannon, op. cit., p. 48.
(32) Preston, Paul: “La guerra agraria en el sur”, en: Preston, Paul (comp.): Revolución y guerra en España 1931-1939. Alianza Editorial, Madrid, 1986, cap. VII, p. 146.
(33) Ibidem, p. 147.
(34) Ibidem, p. 147.
(35) Serie de rebeliones campesinas que se produjeron en zona meridional de España acicateadas por el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia. Las huelgas y la agitación revolucionaria también se extendieron a la cuenca minera asturiana y a las zonas industriales de Cataluña y el País Vasco.
(36) Preston, op. cit., p. 150.
(37) Campesino sin tierra poseedor de una pareja o yunta (de aquí se deriva su denominación) de bueyes que cultivaba cuando podía la tierra del gran propietario absentista.
(38) Giménez Fernández pretendía mantener a los campesinos sin tierra de Extremadura en las parcelas que los mismos habían ocupado a partir de 1932, amparándose en los decretos llamados de intensificación de cultivos elaborados por la UGT, en virtud de los cuales se les permitía a los yunteros ocupar provisionalmente tierras no cultivadas. Tuñón de Lara, op. cit., pp. 344-345.
(39) Lannon, op. cit., p. 50.
(40) Tuñón de Lara, op. cit., 338.
(41) Según una encuesta del Ministerio de Justicia realizada luego de la proclamación de la República, la Iglesia disponía de alrededor de 11.000 propiedades en el campo. Sus propiedades urbanas también eran considerables, ya que en forma directa o a través de intermediarios controlaba empresas tan importantes como el Banco Urquijo, las minas de cobre del Rif, los ferrocarriles del Norte, los tranvías de Madrid y la Compañía Transmediterránea. Broué, Pierre; Teminé, Emile: La Revolución y la guerra de España, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 31.
(42) Paz, Abel: Durruti en la Revolución Española. Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1996, pp. 100-102.
(43) La Iglesia, según algunos datos aportados por Lannon, había perdido mucho predicamento entre las capas obreras de la población. Por ejemplo, para 1935, en la parroquia de San Ramón, ubicada en el barrio obrero de Vallecas (Madrid), de los 80.000 feligreses solamente un 7 por ciento asistía a la misa dominical, el 6 por ciento cumplía con la Pascua, el 10 por ciento moría habiendo recibido los Sacramentos de la Iglesia, el 25 por ciento de los niños ni siquiera estaban bautizados y del 40 por ciento de los que deseaban casarse por Iglesia no sabían recitar el Padrenuestro. Lannon, op. cit., p. 53.

:: Nota Aclaratoria

Sitio al Margen presentó un dossier con las ponencias expuestas en las jornadas académicas sobre el 70ª Aniversario de la Revolución en Asturias en 1934, los pasados 27 y 28 de octubre y 1º de noviembre de 2004. Fue organizado por integrantes de la cátedra Historia de España de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tanto los organizadores como quienes realizaron las ponencias autorizaron a que Sitio al Margen tuviera el honor de publicar sus trabajos y así poder difundirlos por Internet.

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