La tragedia que enlutó la finalización del 2004 a los argentinos tiene un carácter completamente distinto a la destrucción que ocurrió en Oceanía a consecuencia del tsunami. Mientras esta fue una catástrofe producida por la naturaleza (aunque cabe reconocer que si los gobiernos de los diferente países afectados hubiesen preparado con anterioridad un sistema de alerta –que tecnológicamente hoy es posible-, la cantidad de muertes hubiera sido notoriamente menor), en el caso del incendio de la discoteca República Cromañón todo fue bajo la responsabilidad humana, tanto por acción como por omisión.

La magnitud, en cantidad de vidas humanas, de la desgracia fue superior a la suma de los atentados de la Embajada de Israel (17/3/1992), y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el pasado 18 de julio de 1998, y nos estamos refiriendo al mayor atentado terrorista de la historia de la Argentina. Sería doblemente dramático que no pudiera modificarse nada en la sociedad argentina luego de este incendio al igual que si permanecen impunes los numerosos responsables.

Los dueños... ¿Los dueños?

La actitud de los empresarios, especialmente quienes explotaban comercialmente el lugar, solo puede calificarse como criminal. Todas las fallas, deficiencias e ilícitos en seguridad que puedan imaginarse las disponía República Cromañón.

Los testimonios que se recogen, tanto de sobrevivientes como de quienes estuvieron involucrados con el funcionamiento de la discoteca, cada vez más involucran a los empresarios que explotaban comercialmente el local. Había pirotecnia, menores de 18 años, alrededor de tres mil personas más que las autorizadas, faltaron los servicios extras de policía, bomberos y sanidad, no había detectores de metales en la puerta de entrada, la habilitación de bomberos estaba vencida desde noviembre de 2004 por lo cual debería estar clausurado, se habían realizado refacciones después de la habilitación de bomberos y nunca se comunicaron esas modificaciones (que además contenían material altamente inflamable), no había el número de matafuegos reglamentario, la puerta de emergencia estaba clausurada, ningún aviso a las autoridades se efectúo antes del recital (lo cual es obligatorio), entre otros ilícitos y deficiencias.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la situación de varias personas, muy humildes, que estaban trabajando esa noche en situación ilegal y pésimas condiciones económicas, según ellos mismos contaron en un conmovedor reportaje realizado por Marta Dillon para el diario Página 12 (www.pagina12.com.ar), el pasado 17 de enero. Allí mencionaron que habían llevado a sus hijos porque, luego del espectáculo, conocerían por primera vez el centro de Buenos Aires. Además del acto ilegal y de la explotación a la que eran sometidos estos trabajadores se suma la irresponsabilidad de permitir que los menores estuvieran en el local, cuestión esta última que, con sumo dolor, también es compartida lamentablemente con los padres.

Sin embargo, a pesar las múltiples evidencias, determinar quienes son los dueños resulta muy difícil. Hasta el momento ha trascendido que quienes explotaban comercialmente la discoteca era el empresario Omar Chaban, un personaje reconocido en el ambiente, y su hermano, Yamil Chabán, un puntero político del justicialismo. Llama la atención que hasta ahora sólo dos sencillos jubilados figuren como dueños, lo cual hace suponer –con evidente lógica-, que se trata de simples testaferros. El pasado jueves 20 de enero el diario Clarín (www.clarin.com.ar), en la sección Sociedad, publicó un artículo en el cual se hablaba de una posible vinculación entre Omar Chaban y al vice jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, en sociedades y actividades comerciales. El funcionario porteño desmintió categóricamente ese rumor. Dada la ilegal situación de la discoteca no resulta ilógico que personas vinculadas al poder sean los dueños de República Cromañón. Es responsabilidad de la justicia no sólo determinar quienes eran los dueños sino también investigar si no habría una vinculación entre el poder y los responsables de la discoteca y si de esta relación surge el motivo por el cual las autoridades no exigieron las más elementales medidas de seguridad a este local para favorecerse económicamente.

Callejeros

Hay informaciones periodísticas y judiciales que indican que la seguridad del lugar le habría correspondido al grupo de rock Callejeros, quienes esa noche brindaban un espectáculo y habrían alquilado las instalaciones de República Cromañón. Además de esta situación, que deberá dilucidar la justicia, no hay duda que al grupo –y no nos referimos sólo a los músicos sino también a los representantes y quienes forman parte de la estructura comercial-, les cabe por lo menos la responsabilidad de no haber detenido su espectáculo dadas las precarias condiciones en que se desarrollaba, ya sea por la falta de medidas mínimas de seguridad del local como por la actitud del publico. Lamentamos profundamente que tanto los integrantes y allegados al grupo padezcan el inmenso dolor de las pérdidas humanas que tuvieron pero igualmente se debe reconocer la parte de la responsabilidad que les corresponde en la tragedia.

El público... como ganado

Muchos de los espectáculos públicos, especialmente los vinculados a los adolescentes y el público joven, tratan como ganado a los asistentes. Largas colas en recitales –especialmente en los de rock y en las “bailantas”-, en discotecas y otros lugares, como bares y salas, en donde se montan espectáculos. Luego, en el interior, todo el mundo está apretado y claramente se puede apreciar que el local fue ampliamente superado en su capacidad. A esto se suma muchas veces el maltrato y racismo de quienes ofician como porteros y personal de seguridad. La situación es de incumbencia de los dueños –o quienes lo explotan comercialmente-, y las autoridades. Pero también el público tiene su cuota de responsabilidad por aceptar este maltrato y concurrir, y optar no retirarse, a estos lugares, y también porque los funcionarios son elegidos por la población. Sobre esta cuestión nos hemos referido anteriormente en el artículo “¿Y los responsables...?”, publicado con motivo de los famosos “cacerolazos” del 2001 y 2002

En el caso de República Cromañón el público desoyó los consejos y pedidos que se hicieron para que se apagaran las bengalas y no se arrojaran fuegos artificiales dentro del local, cuestión que no exime de responsabilidad a los encargados del lugar dado que deberían disponer de las medidas adecuadas de seguridad y la obligación de detener el espectáculo si el auditorio no se comporta razonablemente. Asimismo, llama la atención la presencia de varios menores dentro de la discoteca por los cuales sus padres deberían responsabilizarse.

En buena parte de los sobrevivientes, y los familiares y allegados de las víctimas se ha hecho pública una autocrítica, aunque no en todos los casos.

Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires

Resulta sumamente paradójico que un gobierno que se define como “progresista” haya permitido que un local como República Cromañón estuviese abierto para recitales multitudinarios.

Luego de la muerte de casi doscientas personas, en la administración de la ciudad de Buenos Aires, se produjeron inmediatamente las esperadas renuncias del secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López, y la subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, jefa del cuerpo de inspectores de la Ciudad. Se sucedió también la sorpresiva incorporación Juan José Álvarez como secretario de Seguridad, hombre vinculado a Eduardo Duhalde. El nuevo funcionario en los pocos días de su gestión desplegó una incesante actividad destacándose por la clausura de decenas de comercios. Alguien podría afirmar que más vale tarde que nunca pero eso no limita ni atenúa las responsabilidades de la administración porteña. El actual acelerado accionar igualmente pone en evidencia que el gobierno a cargo de Aníbal Ibarra fue muy ineficaz en el ejercicio de los controles hasta la tragedia del 30/12.

Cabe reconocer que seguramente también se puede adjudicar la inoperancia a épocas anteriores pero en el caso puntual del incendio de República Cromañón la responsabilidad que le corresponde a una administración que se ejerce desde hace cuatro años y medio es completa. Aníbal Ibarra es jefe de la ciudad de Buenos Aires desde el 6 de agosto del 2000, luego de ganar las elecciones del 7 de mayo de ese mismo año. Fue reelecto el pasado 24 de agosto de 2003.

La prensa, los políticos y los derechos humanos

El presidente Néstor Kirchner no demostró la misma celeridad e interés en trato dispensado poco tiempo antes a quienes padecieron un derrumbe en las minas de Río Turbio (en su Provincia de Santa Cruz), en la cual obró correctamente luego de esa tragedia. Se tomó varios días antes de acercarse a los familiares y allegados de las víctimas y los sobrevivientes. El martes 4 de enero de 2005 el diario español El País (www.elpais.es), comentó nada menos que en un editorial que resultaba "insólito" el "largo silencio" del Presidente, y además que "no sólo no interrumpió sus vacaciones, sino que tampoco se dirigió a la nación para compartir el dolor de todos". Otras publicaciones internacionales efectuaron críticas igualmente duras al mandatario argentino, como los diarios españoles El Mundo, ABC y el chileno El Mercuario.

Sin embargo, el presidente se manifestó acaloradamente contra la prensa local comentarios mucho más livianos que los efectuados en los medios extranjeros. Denominó a los críticos locales como prensa "amarillista” o que se trataba de desestabilizadores, pero no mencionó nada sobre los comentarios de los medios extranjeros, varios de ellos muy prestigiosos.

Resulta una lamentable actitud del presidente su reiterado autoritarismo con las críticas efectuadas desde la prensa. Por otra parte, hay periodistas que justifican estos exabruptos minimizándolos o comparándolos con otros comportamientos, como por ejemplo en el mencionado derrumbe en Río Turbio. Es verdaderamente ridículo y deshonroso para un periodista, o un medio, establecer una suerte de compensaciones sobre este tipo errores, como si un buen accionar en el pasado justificara la desidia de los primeros días de enero del 2005.

En ese sentido, resulta vergonzoso como varios periodistas y algunos medios de prensa en Argentina tratan con liviandad o hasta incluso ensayan una suerte de disculpa de la responsabilidad de las autoridades en el incendio de República Cromañón. Son los mismos que bajo el gobierno de Carlos Menem mantenían una feroz crítica en hasta en cuestiones menores, aquellas que no involucraban –como en este caso-, la vida de personas. Inversamente, hay periodistas y medios que durante la década menemista defendían lo injustificable hoy aparecen como paladines de los derechos humanos.

Creemos que cuestiones referidas al respeto de los derechos humanos no pueden evaluarse siguiendo el vaivén de las disputas políticas o simplemente por la afinidad ideológica con el gobierno de turno. Si se defendían con vehemencia los derechos humanos durante el gobierno de Carlos Menem necesariamente se debe mantener la misma firmeza ante la administración nacional de Néstor Kirchner o de la ciudad de Buenos Aires de Aníbal Ibarra.

Nunca más...

Las distintas responsabilidades, tanto de funcionarios de la ciudad como nacionales, las fuerzas e instituciones de seguridad, los dueños y explotadores de la discoteca, el grupo Callejeros, el público y la prensa tienen distintos grados de responsabilidad en lo sucedido en la discoteca República Cromañón, que necesariamente debe dilucidar y dictaminar la justicia.

No alcanza con expresar que toda la sociedad carga o tiene la culpa –lo cual es una parte de la verdad-, por una serie de barbaridades absolutamente evitables que suceden casi cotidianamente en la Argentina y que concluyen de manera trágica. Deben discriminarse claramente las responsabilidades cívicas, penales y políticas. Especialmente en casos tan dramáticos como los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA y, ahora, en el incendio del 30/12

Para que no exista más impunidad.

Por Pablo Rodríguez Leirado Febrero de 2005

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