Una vieja costumbre argentina.
Fraudes electorales.

En medio de una de las mayores crisis económicas y sociales de la historia argentina llegarán las próximas elecciones presidenciales; y con ellas la histórica posibilidad -o ilusión- de cambiar la situación de manera pacífica y responsable. Conspira contra la oportunidad de los argentinos de determinar quienes serán sus autoridades un histórico vicio puede afectar el corazón mismo de la joven democracia: la amenaza de fraude electoral.

Por Pablo Rodriguez Leirado.

En una república, que se precie de democrática, el "príncipe" es la asamblea de los ciudadanos, es decir las elecciones. Allí surgen las transitorias autoridades. Las próximas elecciones presidenciales del 24 de octubre no sólo decidirán la futura conducción del país, sino que darán finalización a una década de dominio hegemónico de Carlos Saúl Menem y establecerán un nuevo poder político.

Las diversas denuncias, y en varios casos comprobadas, de fraude -ya sea en el orden nacional, provincial o en las internas de los partidos políticos-, deberían ser una señal de alarma para toda la ciudadanía, ya que parecen una burla sobre la posibilidad de los argentinos para determinar libremente su futuro según lo garantiza la Constitución.

Sólo algunos casos.

El once de abril se realizaron las elecciones internas del Partido Justicialista para definir los candidatos que van a representar a esa agrupación política en las elecciones generales del 24 de octubre. Dos días después la junta electoral del PJ rechazó las impugnaciones realizadas por la lista que encabezaba el ex senador Mario O'Donnell, quien pedía convocar a nuevos comicios en tres de las 28 circunscripciones (Villa Lugano, Parque de los Patricios y Recoleta). La mayor sorpresa es que se acusaba a los vencedores, a dos ministros nacionales, que nada menos conducen la cartera política y la de justicia, Carlos Corach -Ministro del Interior-, y Raúl Granillo Ocampo -Ministro de Justicia de la Nación-...

Pero aquí no termina el escándalo, ya que decenas de personas atestiguaron ante las cámaras de los noticieros de televisión que habían vendido su voto. No es muy difícil encontrar a alguien en Buenos Aires que conozca, o que tenga referencias directas de alguna persona a la cual le pagaron por votar. Curiosamente, en esa misma semana, Corach obtuvo un aumento en las partidas del Ministerio del Interior de 12 millones de dólares, que no figuraban en el Presupuesto de 1999.

Ese mismo día en la provincia de Chaco, en otra elección interna del Justicialismo, pasaron varios días hasta que se supo quien había ganado. Ambos candidatos del menemismo, Manuel García Solá y Jorge Capitanich, se declararon ganadores y se acusaron mutuamente de fraude. El segundo llegó a afirmar que se habían registrado votos con documentos de personas que estaban muertas.

En las últimas elecciones en la provincia de Salta, Ricardo Gómez Díaz, candidato por la Alianza a gobernador, denunció que un Senador del departamento de Tarija y una subalcaldesa de San José de Pocitos, ambos del país vecino de Bolivia, extrañamente aparecieron en los padrones electorales de su provincia.

Hay otros casos en donde lamentablemente el fraude se traslada a las legislaturas provinciales e incluso hasta el Congreso Nacional. Así ocurrió en octubre de 1998, cuando el Partido Justicialista arrebató al radicalismo un escaño en el Senado de la Nación correspondiente a la Provincia del Chaco. El Justicialismo, mediante la supremacía numérica que posee en la Cámara, nominó al anterior senador Hugo Sager e ignoró que esa banca debería pertenecer a la UCR, concretamente a Carlos Pavicich, por la mayoría que posee en la Legistlatura chaqueña y por haber triunfado en todas las últimas elecciones en esa provincia.

Una situación análoga se vivió pocos días después con la elección del senador por la provincia de Corrientes. Nuevamente el PJ hizo suya una banca que no le correspondía, ya que el Pacto Autonomista Liberal (un partido político provincial) tenía mayoría legislativa en la provincia.

Sin embargo, estas situaciones no son exclusivas del oficialismo. En la Provincia de Buenos Aires para las elecciones internas del FREPASO, el partido que junto a la UCR conforma la Alianza, sucedieron hechos realmente insólitos como una extraña intoxicación, en varios pueblos de Pergamino, sufrida por los fiscales después de haber tomado café... También se establecieron denuncias referidas a la violación de las urnas, como en la ciudad de Colón, y de compra de votos en la zona de la Matanza.

El 17 de agosto de 1998, en la Provincia de Tierra del Fuego, dos legisladores del MOPOF (Movimiento Popular Fueguino) denunciaron irregularidades en los comicios internos del 9 de agosto, acusando delitos tales como falsificación de fichas de afiliación, compra de votos y la práctica de maniobras extorsivas con los planes de empleo a los votantes.

Existen un proyecto del gobierno nacional para adjudicar a una empresa privada el escrutinio provisional de las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999. El Ministerio del Interior, conducido por Carlos Corach, es el encargado de llevar adelante y controlar la licitación, la adjudicación y posterior desempeño de la empresa que preste el servicio.

Esta propuesta tendiente a dar mayor transparencia, no surgió por las situaciones de estos dos últimos años. Uno de los casos más recordados acontece a inicios de la década del 90 cuando se realizaron denuncias por la compra de votos en la zona de Villa Lugano. Se trataba de una elección interna de un partido político, la UceDe (Unión de Centro Democrático). En la provincia de Santa Fe, en 1995, se detuvo el recuento de votos como consecuencia de las graves denuncias de fraude. Finalmente se pudo conocer el resultado 50 días después, que otorgó el triunfo a Jorge Obeid, justicialista, sobre el socialista Héctor Cavallero, integrante de otro sublema del PJ.

Pero para hablar de fraudes electorales hay que remontarse mucho más en el tiempo. Se debe llegar hasta el momento en que empiezan a existir elecciones en la Argentina.

La historia ante el fraude.

A modo de anécdota se puede recordar que en el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo 1810, paso previo a la Revolución del día 25 -que cortó los lazos con el imperio español-, de las 450 invitaciones a los principales vecinos sólo concurrieron 251, ya que los criollos realizaron la "picardía" de impedir la entrada a los adherentes a la continuidad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, mediante la utilización de las milicias urbanas, como los Patricios, surgidas como consecuencia de las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807.

En lo que concierne al respeto de la voluntad del pueblo para elegir libremente a sus autoridades el sistema consagrado en la Constitución Nacional de 1853 fue una verdadera farsa hasta que el presidente Roque Saenz Peña, en 1911, envió al Congreso el proyecto de reforma electoral. La denominada Ley Saenz Peña, sancionada en 1912, propiciaba, entre otros aspectos, el sufragio universal, obligatorio, un nuevo empadronamiento, y una cuestión fundamental: el voto secreto.

Esta verdadera arma electoral fue utilizada por los argentinos para terminar con la hegemonía conservadora de más de medio siglo. El 2 de abril de 1916 se realizaron las primeras elecciones presidenciales con total imparcialidad oficial, que consagró como presidente a Hipólito Yrigoyen por la Unión Cívica Radical, para el período 1916-1922. Aunque no se puede hablar legitimidad plena de la representación de las autoridades porque el 50% de la población no pudo participar del proceso eleccionario dado que no se permitía votar a las mujeres.

El Radicalismo, el primer partido político moderno de Argentina, había aparecido como un movimiento popular, dirigido por Leandro N. Alem y luego por su sobrino Yrigoyen, opositor al conservadorismo y que después de una fallida revolución en 1905 propugno el abstencionismo electoral, en virtud de las escasas garantías de ecuanimidad que ofrecía el sistema.

Esta particular manera de presión pública, más la decisión de algunos dirigentes conservadores, como Roque Saenz Peña, de proporcionar al país un avance en materia política que se correspondiese con el desarrollo económico, social y cultural alcanzado a inicios de la segunda década del siglo, fue lo que motorizó el cambio en la práctica electoral desde el Congreso de la Nación.

Sin embargo, esta situación sólo se manifestó a nivel nacional, ya que en numerosas provincias argentinas se habían constituido verdaderos gobiernos feudales, en donde el nepotismo abarcaba a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, generándose numerosas acciones fraudelentas en los cominicios provinciales. Esto conllevó a una política de numerosas intervenciones federales del gobierno de Yrigoyen y a una feroz contienda en el Senado Nacional.

El 6 de septiembre de 1930 un golpe cívico-militar, encabezado por el general José Félix Uriburu, depone al presidente Hipólito Yrigoyen, que había sido reelegido en 1928. La famosa crisis del año 30 había conseguido hacer mella en el prestigio y la popularidad del anciano líder radical y fueron muy pocos los que defendieron a la joven democracia argentina. El nuevo gobierno calculó que el radicalismo se encontraba lo suficientemente desacreditado ante la opinión pública y convocó a elecciones en varios distritos para el 5 de abril de 1931. La derrota del oficialismo obligó a Uriburu a pedir la renuncia del ministro del interior Matías Sánchez Sorondo. A partir de entonces, y por más de diez años, las oligarquías retoman impunemente el fraude como metodología para perpetuar su poder. Por ese motivo esa época pasa a la historia con el rótulo de "La Década Infame".

Las antiguas prácticas del siglo XIX volvieron a ejercitarse: cuarto oscuro con matones, sobres ya cerrados, expulsión de fiscales de la oposición, votos marcados, urnas llenas, robo de libretas, desaparición de urnas, entrega de listas antes de emitir el voto conjuntamente con promesas y amenazas, conteo de las papeletas del cuarto oscuro cada vez que entraba un votante, utilización de documentos de identidad de personas ya muertas o falsos, y tantas otras artimañas más. Todo se iniciaba con el envío de un telegrama al jefe de las fuerzas de seguridad de la zona de votación en el que se le ordenaba que debía consultar o recibir instrucciones de alguien, que siempre resultaba ser el caudillo conservador local.

En Córdoba fue más difícil el fraude debido al enfrentamiento armado entre conservadores y los radicales de Amadeo Sabattini, en donde las urnas se defendía a los tiros. El radicalismo en los inicios retomó su posición histórica frente al fraude: el abstencionismo electoral. La dirección de Marcelo Torcualto de Alvear hizo modificar esa postura y comenzó a participar, en 1935, de la farsa que significaba sufragar en ese sistema.

Una excepción en esta época constituye la elección del 24 de febrero de 1946, en donde se consagra como presidente al general Juan Domingo Perón, concretando en las urnas la aparición del movimiento político y social más importante, por sus transformaciones y su magnitud, de la historia argentina: el Justicialismo o Peronismo.

Lamentablemente, a pesar de ser un movimiento mayoritario, continuaron las prácticas eleccionarias fraudelentas, motivadas por el carácter hegémonico del peronismo. Se utilizaba una técnica denominada el "jerrymandrismo" -del estadounidense Jerry Mandry- que era el voto por circunscripción, pero el dibujo de las unidades electorales establecía un rompecabezas que neutralizaba los votos opositores con los oficialistas con la intención de reducir al mínimo la representación de la minoría.

Un ejemplo constituye la elección en la ciudad de Buenos Aires en 1951, cuando el peronismo sacó 800.000 votos y el radicalismo 600.000; el primero obtuvo, por este sistema, 14 diputados, mientras que la Unión Cívica Radical sólo 2...

Asimismo merece reconocerse que fue el Peronismo quien posibilitó incorporar a la mitad de la población a los procesos eleccionarios, ya que permitió emitir el voto a las mujeres, iniciativa que fue fuertemente promovida por Eva Perón.

La proscripción y una breve democracia.

Después del derrocamiento de Perón el 20 de septiembre de 1955, por la denominada "Revolución Libertadora", hasta las elecciones del 11 de marzo de 1973, el voto se convirtió en una práctica cada vez menos usual.

Así surgen, como islas en un mar de gobiernos dictatoriales, las presidencias de Arturo Frondizi (1958-1962) y el de Arturo Humberto Illia (1963-1966), elegidos con la previa prohibición de todo candidato del partido justicialista. Ambos fueron derrocados cuando se encaminaban hacia la normalización y democratización del sufragio. Las pocas elecciones sucedidas en esos 18 años difícilmente puedan tildarse de actos de la democracia.

Entre 1973 y 1976, año de inicio de la más feroz dictadura de la historia argentina, la relevancia de las elecciones en ese pequeño período sobre la vida democrática del país se puede considerar como verdaderamente escasa, principalmente a causa del clima de violencia, encabezada por el terrorismo de Estado que ejercía la Triple A, dirigida por el Ministro de Bienestar y Acción Social José López Rega, y su enfrentamiento con los grupos guerrilleros Montoneros y ERP.

La restauración democrática

Obviamente resulta totalmente inútil hablar sobre elecciones hasta el 30 de octubre de 1983, el momento de la restauración democrática. Desde entonces las elecciones se realizaron con un alto grado de transparencia.

Sin embargo no sucedió lo mismo en la órbita provincial, en donde el nepotismo imperante hace perdurar estructuras políticas similares a la de los sistemas feudales propios del Medioevo, con un reparto de porciones de poder entre individuos cuyos vínculos sanguíneos implican apoyo incondicional. Todo esto desarrollado en medio de profundas carencias socioeconómicas y un pronunciado aislamiento cultural. Este fenómeno anacrónico incide profundamente en los actos electorales, en donde se repiten eternamente las artimañas que en el pasado se realizaban a nivel nacional, cuestión que nunca cambió en la historia argentina.

Arturo Frondizi.

Arturo H. Illia.

Un pasado nos acosa.

Causa verdadera sorpresa descubrir las pocas veces que se respetó, de manera totalmente democrática, la voluntad popular para determinar sus representantes y autoridades; y como el fraude fue una práctica -y en algunos lugares continúa- habitual de la política argentina.

Los casos planteados al inicio de esta breve reseña, más el agravante de las inmodificables situaciones en una buena cantidad de provincias, en momentos previos a una elección del presidente y una enorme cantidad de gobernadores, diputados, senadores, intendentes y concejales, constituyen una amenaza del pasado de reiteración de calamidades para quienes habitan en la República Argentina, que no tendrán ningún efecto si la población tiene plena conciencia de su historia, sus derechos y obligaciones. El escaso interés que demostró la ciudadanía con respecto a estas recientes acciones de fraude y a la anunciada privatización del empadronamiento -en el actual marco de corrupción- lleva a preguntarse, azoradamente, por qué el hombre es el único ser que tropieza con la misma piedra más de una vez, y sigue sin aprender la lección...