La Masacre de San Patricio.
Otra vez la censura.

El increíble caso del periodista Eduardo Kimel, autor del libro que testimonia el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas de la parroquia de San Patricio, de la colectividad irlandesa, durante la dictadura que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983.

Por Pablo Rodríguez Leirado.

Cinco cuerpos sobre el piso ensangrentado de la parroquia San Patricio, en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, son la mayor tragedia de la historia de la Iglesia católica argentina. Esta terrible matanza sucedida el 4 de julio de 1976, durante la dictadura militar, permanece impune, pues los asesinos y encubridores se escudaron en las leyes de punto final, obediencia debida y el indulto presidencial.

Increíblemente la única condena que existe por ese episodio criminal pesa sobre quien escribió el libro que constituye un testimonio de los asesinatos, el periodista e historiador Eduardo G. Kimel.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - ateniéndose a lo requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -, condenó al autor de "La masacre de San Patricio" a un año de prisión en suspenso y al pago de 20.000 dólares por presuntas expresiones difamatorias en su libro contra el actual camarista penal Dr. Guillermo Rivarola.

La persecución

En 1976 Rivarola fue el primer magistrado que intervino en la causa de los cinco religiosos asesinados, ya que era Juez Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal. La secretaría la ejerció el Dr. Gustavo Guerrico y la fiscalía el Dr. Julio Strassera. En agosto de 1977 se dictaminó el sobreseimiento provisorio porque no se había llegado a ningún resultado.

El libro “La masacre de San Patricio” constituye una investigación personal de Kimel, en el cual se presenta un exhaustivo análisis de los hechos y sus causas, conformado en una labor que contó con más de 50 testimonios tomados de fuente directa y el contenido de diarios, revistas folletos, libros y varios documentos entre los que se destaca la causa abierta por la Justicia, a la que el autor tuvo acceso.

La obra pone al desnudo que los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, pertenecientes a la orden palotina, fueron torturados y asesinados por un "Grupo de Tareas" perteneciente a las Fuerzas Armadas Argentinas. Sólo Barbeito era extranjero (había nacido en Galicia, España), el resto eran argentinos. Esta es la temática central del libro publicado en noviembre de 1989.

A pesar de que los criminales jamás fueron procesados ni juzgados y permanecen en libertad, pocos meses después el citado magistrado inició una causa judicial contra Kimel por calumnias e injurias, exigiendo su condena y el pago de una suma de dinero como reparación por el supuesto daño moral. En octubre de 1995, la Dra. Angela Braidot, del Juzgado Correccional Nro. 8, Secretaría 63, sentenció al escritor a un año de prisión en suspenso y al pago de 20.000 pesos al juez Guillermo Rivarola. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) acusó a la doctora Braidot por reiterados ataques contra la libertad de prensa.

Posteriormente, en noviembre de 1996, mediante un fallo unánime, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el fallo de la jueza Braidot.

El juez Rivarola apeló esa sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 1998, por seis votos (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Carlos Fayt, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez) contra tres (Enrique Petrachi, Augusto César Belluscio y Gustavo Bossert) ordenó que la causa regrese a la Cámara de Apelaciones para que se dicte condena contra el periodista Eduardo Kimel, como se menciona al inicio de este artículo.

Las palabras y la supuesta ofensa.

En la página 125 de la segunda edición (1995) de "La masacre de San Patricio" se encuentra las frases por las cuales se condena al escritor y que aquí repetimos para quien no leyó el libro:

"El juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto."

En el prólogo de la segunda edición el actual sacerdote de San Patricio, Kevin O'Neill, director del periódico de la comunidad irlandesa The Southern Cross y uno de los principales luchadores por rescatar la memoria de sus compañeros y discípulos asesinados, refiriéndose a la actuación del juez Rivarola, expresa que "no logró echar la mínima luz para esclarecer el horrendo crimen, a pesar del tiempo que lo tuvo a su cargo. Por supuesto que las circunstancias en que se desenvolvía la nación, de violencia generalizada que producía una amnesia moral, nos hacen reconocer que no podía esclarecer el crimen y sus autores ideológicos y materiales. Si es así, la única cosa que podría haber hecho era la renuncia al cargo que podría haber presentado "por razones personales", lo cual hubiéramos comprendido."

Las adhesiones a Kimel

Una conferencia de prensa, convocada por La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (Periodistas), junto a Eduardo Kimel y religiosos de la Orden de los Palotinos, se realizó el lunes 19 de abril a las 12:30 en el Centro de Capacitación y Comunicación de la UTPBA, en calle Alsina 779.

En esa oportunidad se acercaron para expresar su solidaridad el Dr. Gil Lavedra; los periodistas Horacio Verbitsky y Magdalena Ruiz Guiñazú; el presidente de la Asociación Argentina de Actores, Pepe Novoa; los docentes de la Carpa Blanca; las Madres de Plaza de Mayo; León Gieco, la Asociación de Abogados; entre otros. También numerosas personas y entidades hicieron llegar su adhesión, por citar algunas: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); la Organización Internacional de Periodistas (OIP); y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Santiago Canton, quien afirmó que "el debate libre de ideas y opiniones es un pilar fundamental del sistema democrático". También recordó "la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, que es crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación o la aplicación de la política pública".

El Secretario General de la UTPBA, Daniel Das Neves, recordó que este fallo judicial se da en un marco caracterizado por las continuas agresiones, intimidaciones, amenazas y querellas judiciales contra periodistas y trabajadores de prensa, que en la última década alcanzan la penosa y gravísima cifra de 1.107 casos, de acuerdo al registro de esa organización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancias de la entidad PERIODISTAS, decidió abrir un caso contra el Estado Argentino por violaciones reiteradas a la libertad de expresión. El caso incluye tres decisiones de la Corte Suprema de Justicia, las condenas contra: la actriz Gabriela Acher y el canal 13 de televisión; el director de la revista "Humor", Tomás Sánz; y la prolongación indefinida del juicio del ministro del Interior Carlos Corach contra Horacio Verbitsky y su tramitación irregular en la Corte Suprema, donde desaparecieron sin explicación dos cuerpos del expediente. A todos estos casos se les sumó un cuarto proceso: el de Eduardo Kimel, promovido por PERIODISTAS y la UTPBA.

El sacerdote Kevin O'Neill se dirigió al auditorio para recordar a sus hermanos y el momento de total consternación de la comunidad palotina cuando tuvo que hacerse cargo de la parroquia acéfala. Expresó su firme determinación para mantener viva la memoria y también elogió a la comunidad israelita que no permite ninguna afirmación acerca de que los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA fueran hechos circunstanciales. Consideró que "fue la providencia divina" la que acercó a Eduardo Kimel, de quien admiró la enorme dedicación de un hombre que pertenece a otra religión "y que salvó del olvido en la cual se quiso sepultar a una comunidad mártir".

Anteriormente Kimel había manifestado su orgullo por su libro, "por haber dejado un testimonio de algo que nuestro pueblo jamás debe olvidar". Lamentó la derivación judicial y expresó que en un principio se sintió abatido "porque me sentí solo, que nuevamente tenía que luchar contra algo muy fuerte: una fuerza formada por magistrados que todavía tienen demasiado poder y que no han hecho una sola autocrítica respecto de sus actuaciones. Pero pasó muy poco tiempo y hubo una reacción muy grande impulsada por los medios de comunicación con el compromiso decidido de muchos periodistas, otros que me hicieron llegar su adhesión, amigos y mucha gente que no me conoce que me llamó para decirme: "no estás solo, hay que seguir hasta el final".

Como interpretación del motivo por el cual padece la persecución - "la pequeña lucha a la que me obligó el juez Rivarola" -, Kimel consideró que "mi libro tenía como objetivo otro tema: el testimonio del asesinato de cinco personas acribilladas en una parroquia. Pero se me ocurrió hablar de un juez de la dictadura. Y de eso, no se habla... La conclusión fundamental a la que yo arribé, es que semejante ensañamiento a lo largo de estos siete años, tiene como objetivo acallarme para determinar y establecer que ningún periodista pueda abrir juicio sobre esta época y el poder judicial, que cumplió una función extraordinariamente funcional y adecuada a los objetivos de la represión."

La barbaridad de acusar a quienes investigan nos retrotrae a casi medio siglo atrás, cuando Rodolfo Walsh ante otra masacre decía “los asesinos probados, pero sueltos”. Tal vez, mientras el poder judicial está adormecido, lo único que nos queda es hacer conocer los hechos y a sus protagonistas, para que la condena social inicie el camino hacia un restablecimiento de la justicia.

Para mayor información existe un sitio dedicado al tema:

www.solnet.net/msp/

Se solicita hacer llegar adhesiones a través de la siguiente dirección electrónica:

kimel@pinos.com